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La Habana.-La búsqueda de vías más expeditas, que modernicen el sistema cubano de justicia, centró hoy en esta capital los debates de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El diputado José Luis Toledo Santander, presidente de ese grupo de trabajo, presentó el Informe de Rendición de Cuentas de los Tribunales y la Fiscalía General de la República, en el que se exponen resultados del trabajo, deficiencias y recomendaciones, para responder a las exigencias de la nación.
Los parlamentarios convinieron en la necesidad de actualizar procedimientos y trámites judiciales, con vistas a hacerlos más eficientes y menos gravosos.
Igualmente, se propuso descongestionar el modelo de actuación ante delitos de menor gravedad -los que obligan a trabajar a toda la maquinaria judicial, que por demás es costosa-, en función de resolverlos de forma rápida.
En el informe se destaca la transformación que se aprecia hoy en las condiciones de trabajo y vida en los tribunales y fiscalías.
No obstante, se reconoce que aún persisten dificultades con el transporte, y el mantenimiento y funcionamiento de los equipos informáticos, lo cual afecta la calidad de los servicios que brindan estas entidades.
Se recomienda perfeccionar su actuar contra los hechos de corrupción, así como también los actos de indisciplina social, aunque se destaca el desempeño de los tribunales en ese sentido, con la aplicación consecuente de las disposiciones legales vigentes.
En materia económica, el documento alerta acerca de las insuficiencias en el cumplimento de los contratos entre empresas, lo cual en ocasiones se pretende resolver por vía judicial.
Se resalta como otro logro de estos entes judiciales, el hecho de que hayan logrado completar la mayoría de sus plantillas, en cuyo personal destacan mujeres y jóvenes.
El texto pondera el trabajo de la Fiscalía en la verificación del estado de la legalidad tanto en sectores económicos con mayor incidencia en la población, como en los centros penitenciarios, y en la atención a los menores que transgreden la ley.
Se le recomienda, además, incrementar la exigencia y el análisis, para imprimir mayor calidad y celeridad a los procesos penales, elevar la calidad de respuesta a la población, y mantener la acción decidida hasta lograr restablecer la legalidad quebrantada.
Los diputados propusieron buscar mecanismos que permitan que la Fiscalía pueda cumplir con más eficiencia su función de defender al Estado.
Finalmente, se propuso que el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Ministerio del Interior trabajen de conjunto, en el análisis integral del sistema legal del país, para lograr instrumentar fórmulas más expeditas y menos gravosas para la sociedad.