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La Habana-. La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó hoy el proyecto de Ley de la Controlaría General de la República, legislación dirigida a proteger  el trabajo creador, la propiedad socialista de todo el pueblo y los recursos materiales y financieros del Estado. 
Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento, calificó la nueva legislación de estratégica para la salvaguarda de la Revolución, y recordó cómo desde su triunfo, en enero de 1959 el imperialismo ha procurado destruirla o socavarla mediante el saqueo de las riquezas del país, luego que los batistianos huyeran con millones de pesos del fondo público.     
Nadie tiene derecho a apropiarse de lo que no es suyo,  expresó el  también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, al referirse  a los principios que sustenta el texto, en cuanto al combate y denuncia de cualquier hecho de corrupción, un flagelo que amenaza a la humanidad.
Homero Acosta Alvarez,  elegido este sábado por el Parlamento secretario del Consejo de Estado, al presentar el proyecto de ley, subrayó que el mismo es resultado de más de un año de consultas y asambleas en todo el país, y contribuirá a elevar la exigencia en el cumplimiento de la legislación vigente en materia de control.
Lo consideró además como una decisiva contribución al fortalecimiento de la Revolución y al logro de la invulnerabilidad de nuestro Socialismo, pues la Contraloría está llamada a desempeñar un rol esencial en el restablecimiento del orden y la disciplina económica en toda Cuba, y ser una eficaz herramenta en la prevención y lucha contra toda manifestación de corrupción.
Por su parte, José Luis Toledo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, leyó el proyecto de dictamen, elaborado también por la de Asuntos Económicos, y afirmó que la nueva ley establece mecanismos de la más alta jerarquía que posibilitan al Parlamento y a su Consejo de Estado ejercer la máxima fiscalización de los órganos del  Estado y del gobierno.
Dijo que el referido órgano debe "exigir por la correcta y transparente administración de los fondos públicos, prevenir y enfrentar el uso indebido de los recursos del Estado, verificar el patrimonio y la conducta ética de dirigentes y funcionarios, así como solicitar la aplicación de medidas administrativas y disciplinarias a los responsables de violaciones detectadas, e informar a los órganos judiciales cuando detecte hechos delictivos.
Varios diputados coincidieron en que ahora más, en circunstancias económicas complicadas como las actuales, en medio de una crisis mundial, los recursos  deben aprovecharse al máximo y no es posible admitir sus pérdidas o desvíos a causa de la negligencia y la corrupción, por lo cual es vital preservarlos, asegurar su integridad en aras de satisfacer las necesidades del pueblo.
El parlamentario Luis Ramírez opinó que muchos de los problemas se van a resolver si se logra la participación popular en el combate y denuncia de tales males, en tanto Lázaro Barredo propuso la declaración de los recursos patrimoniales por quienes asumirán la responsabilidad de administrarlos, en aras de un mayor control.
Como parte de la estructura  de la Contraloría General  de la República se crearán las provinciales en las que habrá secciones de trabajo para atender la actividad de ese órgano en los municipios, y se establece como máxima autoridad al Contralor General.